Investiguen a Tony Gali, exige bancada del PRI

El Grupo legislativo del PRI presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en cual solicitarán a la Procuraduría General de la República que investigue el origen de los recursos económicos y patrimoniales del candidato por la Coalición Puebla Unida que integra a PAN y PRD, a la Alcaldía de la capital del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

Dicho punto de acuerdo que sería “subido” al pleno de la sesión de ayer de la Comisión Permanente, plantea como urgente el que se deslinden responsabilidades sobre los presuntos actos de corrupción y los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones, así como que se haga caer todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.

El Punto de Acuerdo, el cual fue proporcionado por el Grupo Parlamentario del PRI a este diario, señala que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita que se someta a la consideración de la Comisión Permanente el caso del candidato poblano.

Al respecto señala que en los últimos días, en diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que el candidato a la alcaldía de la capital de Puebla por la Coalición Puebla Unida, José Antonio Gali Fayad, enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lo que “permite suponer que su fortuna valuada en 77 millones de pesos es producto de la corrupción”.

“Existe la presunción de que Gali Fayad ha engañado repetidamente a la opinión pública, destacando el hecho de que reportó ingresos por “actividad empresarial”, la cual se comprobó jamás existió y nunca ha sido empresario textil, simplemente son mentiras que le permitieron justificar sus ingresos económicos”, apunta el documento.

En razón de lo anterior, dice, es menester trasparentar y legitimar las acciones de los actores públicos, otorgando con ello, certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, de ahí que resulta fundamental que la Procuraduría General de la República, realice las investigaciones conducentes a efecto de deslindar responsabilidades sobre los presuntos delitos cometidos por un ex funcionario público, ahora candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla de Zaragoza, toda vez que el ejercicio de la función pública exige conducirse de manera honesta y proba.

El documento precisa que el marco jurídico en la materia establece que los servidores públicos tienen la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo cumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan…..” y deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les ha encomendado, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause o implique abuso o ejercicio indebido del cargo; así como a desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función.

Los diputados del PRI en dicho Punto de Acuerdo enfatizan que José Antonio Gali Fayad no sólo ocupó un cargo público en la actual administración del Gobierno de Puebla, sino que ahora pretende encabezar el Ayuntamiento, lo cual, exige absoluta claridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.