Agüera está limpio y su dinero es legal: PGR

Una investigación realizada por la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita exonera a Enrique Agüera

Un dictamen de la Procuraduría General de la República, fechado en 2010, deja sin fundamentos las acusaciones del vocero de la coalición Puebla Unida, Javier Lozano Alarcón, realizadas la víspera en contra del abanderado priista a la alcaldía de Puebla.

En una conferencia de prensa, el exfuncionario calderonista aseguró tener pruebas suficientes para comprobar la supuesta riqueza de procedencia ilícita de Enrique Agüera Ibáñez.

Sin embargo, una serie de documentos de la Procuraduría General de Justicia, con número UEIORPIFAM/AP/279/2010, firmado por la exprocuradora general de la República, Marisela Morales, y cuyas copias obran en poder de Intolerancia Diario, revelan que esa dependencia realizó una investigación sobre el patrimonio de Enrique Agüera, incluyendo bienes inmuebles, sociedades anónimas, cuentas bancarias y actividades profesionales, concluyendo que no existieron elementos para ejercer acciones legales en contra del entonces rector de la Universidad Autónoma de Puebla.

Esta investigación se derivó tras una serie de ataques mediáticos y denuncias anónimas en el año 2010 en contra de Enrique Agüera, quien debió solventar los cuestionamientos de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El dictamen firmado por la maestra Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y quien terminó el sexenio de Felipe Calderón como procuradora general de la República, determina procedente la propuesta de no ejercicio de la acción planteada en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/279/2010 en lo concerniente a Enrique Agüera Ibánez, por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, esta investigación fue realizada en los tiempos del gobierno federal panista, mismo al que perteneció el senador Javier Lozano Alarcón, hoy vocero de la coalición morenovallista.

Los puntos resolutivos

De manera textual, la PGR resuelve lo siguiente:

Primero. Esta Representación Social de la Federación, Auxiliar del Procurador General de la República, es competente para conocer y resolver respecto a la Consulta de no ejercicio de la Acción Penal, que se plantea.

Segundo. Por los razonamientos expuestos, se dictamina procedente la propuesta de no ejercicio de la acción planteada en la Averiguación Previa UEIORPIFAM/AP/279/2010 en lo concerniente a Enrique Agüera Ibáñez por la probable comisión del delito de operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, señalado en el cuerpo de este dictamen.

Tercero. Remítase el presente al agente del Ministerio Público de la Federación investigador, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de esta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, así como el original de la averiguación previa en estudio, para los efectos legales procedentes.

Cuarto. Realícense las anotaciones respectivas, en el Libro de Gobierno que se lleva en la oficina de Auxiliares del Procurador General de la República, adscritos a esta Subprocuraduría.

Dicho documento aparece firmado por la subprocuradora Maestra Marisela Morales Ibáñez y por el agente del MP Federal Antonio Pompa Dorado.

La denuncia

Javier Lozano Alarcón, vocero de la coalición Puebla Unida, anunció que presentará ante las autoridades competentes una denuncia por enriquecimiento inexplicable en contra de Enrique Agüera. Además, cuestionó el número de obras adjudicadas de manera directa y sin mediar licitación alguna de parte de Agüera Ibáñez, a su paso por la UAP, en favor de la constructora Angelópolis, propiedad de Carlos Hugo López Chargoy, quién —se rumora— es uno de los prestanombres del abanderado priista.